¿Qué sucede cuando se presenta una prueba en inglés sin su traducción al español?
¿La autoridad debe desecharla o requerir su traducción?
Recientemente, un particular promovió un recurso administrativo en donde presentó una prueba en inglés sin su traducción.
La autoridad desechó la prueba, lo que motivó al particular a iniciar un juicio de nulidad.
La sala del TFJA determinó que el desechamiento de la prueba era ilegal.
El artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que las “actuaciones judiciales y promociones” deben escribirse en español. Sin embargo, una prueba no se considera una promoción ni de una actuación judicial.
Por lo tanto, la sala concluyó que lo apropiado era que la autoridad requiriera al promovente la traducción de la prueba en lugar de desecharla.
¿Será este criterio aplicable solamente al ofrecimiento de pruebas en recursos administrativos? ¿Sería distinto el criterio en un procedimiento administrativo no contencioso?
Esta reflexión surge de la tesis VIII-P-1aS-197 de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.